Una de las mayores violaciones de datos en la historia de El Salvador se desató en San Salvador, donde han quedado expuestos los datos personales de 5,1 millones de salvadoreños, incluidas sus fotografías de alta resolución, registros judiciales, correos electrónicos policiales y militares, e información de funcionarios.
Aunque existe una ley que castiga los delitos informáticos, el Estado está considerando endurecer las penas por estos delitos. El partido gobernante Nuevas Ideas ha propuesto penas de hasta 12 años de prisión para quienes accedan ilegalmente a datos de terceros.
Carlos Palomo, especialista en ciberseguridad, explicó que la filtración de datos personales puede ser utilizada por ciberdelincuentes para suplantar, acceder a cuentas bancarias, chantajear a personas y realizar actividades delictivas.
Un grupo de hackers llamado CiberinteligenciaSV se ha atribuido el mérito de varias de estas filtraciones, incluida la divulgación de información por parte de funcionarios del Congreso. Esta situación desató un debate sobre la transparencia en el país.
En respuesta a estas filtraciones, se proponen reformas a la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos, que podrían incluir penas de prisión de 10 a 12 años para quienes manipulen los sistemas informáticos. Sin embargo, algunos expertos señalan que endurecer las penas no es suficiente sin fortalecer las capacidades para investigar delitos informáticos.
Se espera que estas reformas sean discutidas en el plenario el jueves 15 de agosto, en medio de preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la necesidad de proteger la información de los ciudadanos salvadoreños.