Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, escucharon el clamor en defensa de la libertad de prensa y permitieron a Julian Assange apelar ante la justicia británica una orden de extradición a Estados Unidos. El caso contra el cofundador de Wikileaks, que sigue atrapado en una prisión de máxima seguridad a las afueras de Londres, se prolongará así durante varios meses y su entrada quedará paralizada, con la esperanza de celebrar un nuevo jugo.
El informe del editor australiano fue leído poco después del primer día de la mañana (una vez, en horario peninsular español) para leer el texto de la sentencia.
Los kilómetros de activistas, gobiernos e instituciones que expresaron su ayuda al editor australiano y reivindicaron su posición en libertad han respirado algo más tranquilos, aunque siguen denunciando la injusticia que le mantiene encarcelado. Décadas de ellos se centraron en la primera hora de este martes ante las puertas del juzgado de Londres.
La decisión de dar luz verde a la extradición de Assange fue adoptada en 2022 por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, una vez que el Tribunal Supremo quedó satisfecho con las buenas garantías ofrecidas por Washington sobre la seguridad del prisionero, y sobre la media . que se adoptará para impedirle comprometer su propia vida. En manos de los magistrados Sharp y Johnson lograron dar al editor de Wikileaks la última oportunidad de comparecer de nuevo ante la justicia británica, como finalmente decidieron.
El Gobierno de EE UU acusa a Assange de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intrusión en un ordenador. El editor australiano fue condenado a 175 años de prisión por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados por parte del Departamento de Estado en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en este esfuerzo concertado para publicar estos documentos.
La causa de Assange se ha convertido en una causa global por la libertad de prensa. La presencia de la campaña a favor de su liberación no fue tan fuerte como la del poder judicial, que había pasado entre ellos como un brillante guerrero, a diferencia de los gobiernos estadounidense y británico, que tenían en sus manos la posibilidad de detener la persecución.
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Assange lleva casi cinco años encerrado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh. Su estado de salud se deterioró drásticamente, hasta el punto de que le fue imposible asistir, ni siquiera por videoconferencia, a los dos días de vista de su extradición que se celebró en Londres a mediados de febrero. Ciudadanos activistas en apoyo al editor y a la libertad de prensa protestaron frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia sobre la cuestión de la libertad.
La mujer del personaje más famoso de los últimos años, Stella Assange, fue denunciada en el país en una entrevista horas después de concluir su audiencia judicial, según la cual la extradición a Estados Unidos era un riesgo para la vida del cofundador de Wikileaks. . “Puede morir, porque podría sufrir la pena de muerte. Su propio gobierno británico ha admitido que no es capaz de garantizar que no se irá a matar”, informó la abogada especializada en derechos humanos, que tiene dos hijos de cinco y seis años con Assange.
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