Hasta cinco organismos internacionales, incluyendo la Comisión Europea, el Consejo de Europa y Transparencia Internacional, han señalado importantes fallas en la lucha contra la corrupción en España. A pesar del discurso de «tolerancia cero» del Gobierno de Pedro Sánchez, los informes apuntan a serias carencias en los mecanismos de prevención, transparencia e implementación de reformas clave, lo que mantiene al país bajo una estricta vigilancia internacional.
Reformas insuficientes y problemas estructurales
El Consejo de Europa y su Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) han insistido en que España continúa sin aplicar las recomendaciones emitidas desde 2013, sobre todo en lo relativo a la normativa de los lobbies, la independencia judicial y la transparencia dentro de la Fiscalía, y el GRECO señala que el sistema vigente para elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue alimentando la idea de politización y que aún no se han adoptado acciones claras que aseguren la autonomía del poder judicial.
Por su parte, la Comisión Europea ha calificado la corrupción como un «problema persistente» para España, señalando riesgos en la financiación de partidos políticos y la adjudicación de contratos públicos. Según Bruselas, la falta de una estrategia coherente y la débil implementación de las normativas están afectando gravemente la credibilidad del país en el marco comunitario.
Déficits en transparencia y aplicación de la ley
El informe de Transparencia Internacional señala un deterioro en el índice de percepción de la corrupción, asignando a España apenas 55 puntos sobre 100, una cifra que sitúa al país por detrás de otros referentes europeos como Alemania o las naciones nórdicas, y solo ligeramente por encima de Italia; además, la ausencia de progresos en ámbitos como los conflictos de interés y la limitada capacidad del Consejo de Transparencia para hacer cumplir sus resoluciones intensifican las críticas dirigidas a la gestión del Gobierno.
Falta de una estrategia centralizada
Uno de los puntos de mayor preocupación identificado por la OCDE es la dispersión de competencias en la estructura institucional española. La ausencia de un organismo centralizado que coordine la estrategia anticorrupción ha dificultado la supervisión y la coherencia en la implementación de políticas. Además, los marcos regulatorios existentes han mostrado ser inconsistentes en su aplicación práctica, en especial en sectores clave como el de los grupos de presión y la financiación pública.
Reacciones del Gobierno y proyecciones venideras
En julio de 2025, el presidente Pedro Sánchez dio a conocer un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que, según anunció, pretende fortalecer las salvaguardias institucionales y cumplir con las recomendaciones internacionales; no obstante, organismos como la Comisión Europea y el GRECO han enfatizado que las buenas intenciones no reemplazan la necesidad de aplicar reformas reales, y las evaluaciones previstas para 2026 serán decisivas para comprobar si el plan logra mejorar de forma palpable la credibilidad institucional del país o si persisten los mismos obstáculos estructurales.
Conclusión: un reto permanente
La corrupción sigue siendo una preocupación central tanto para el ámbito público como político en España. La presión internacional para abordar estas deficiencias plantea un desafío significativo para el Gobierno, que deberá demostrar su capacidad para implementar cambios sustanciales en el corto plazo.
Procedencia: Libertad Digital https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2026-04-27/espana-sigue-bajo-vigilancia-internacional-por-la-corrupcion-pese-a-prometer-tolerancia-cero-1b-7394933/