La reciente aprobación de cambios al Código Penal en Honduras ha suscitado preocupación en diversos sectores sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como una transformación significativa en el marco legal que gobierna la protesta social, especialmente en un escenario donde se avecinan las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. La discusión se ha incrementado debido a la percepción de que estas modificaciones podrían ser empleadas para restringir el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, derechos esenciales en toda democracia.
El Parlamento Nacional implementó modificaciones que incrementan las sanciones para crímenes relacionados con la protesta social, resaltando la incorporación del artículo 378-A. Esta norma estipula que cualquier acto de protesta realizado por dos o más individuos puede resultar en un aumento de la condena de cárcel, que será de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Asociaciones de derechos humanos y representantes de la comunidad civil han mostrado su inquietud por el potencial uso de estas reformas para penalizar manifestaciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.
Cambios en las leyes penales y su efecto en la protesta social
Las modificaciones al Código Penal han suscitado críticas de entidades tanto nacionales como internacionales. El aumento de las penalidades para aquellos involucrados en manifestaciones colectivas ha sido percibido como un potencial método para desalentar la movilización social. Entidades defensoras de los derechos humanos argumentan que estas normativas podrían utilizarse para restringir la participación social y el uso de derechos esenciales. La alarma se intensifica considerando la posibilidad de que estas normativas se usen en escenarios de tensión política o electoral, donde las protestas ciudadanas suelen incrementarse.
La experiencia de las elecciones de 2017, en las que se reportaron detenciones arbitrarias y represión de manifestantes, refuerza el temor de que situaciones similares puedan repetirse bajo el nuevo marco legal. En este contexto, la sociedad civil y actores políticos han advertido sobre el riesgo de que la criminalización de la protesta se convierta en una herramienta para controlar la disidencia y restringir la participación ciudadana en procesos políticos clave.
Reacciones internacionales y llamados a la revisión
La inquietud generada por el efecto de estas modificaciones ha cruzado fronteras nacionales. Entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han mostrado preocupación por las recientes normativas del Código Penal de Honduras. Ambas organizaciones han pedido al Estado que revise estas reformas para garantizar que los derechos esenciales de la ciudadanía no sean afectados.
En esta situación, sobresale la relevancia de asegurar el respeto hacia los derechos humanos y prevenir que la normativa penal se use como herramienta para suprimir la disidencia y las protestas pacíficas. El diálogo en torno al alcance y la implementación de estas reformas sigue activo, mientras varios sectores recalcan la necesidad de revisar el marco legal para garantizar la protección efectiva de las libertades fundamentales en Honduras.