En Honduras, la discusión acerca de la función de las Fuerzas Armadas en los eventos electorales ha ganado importancia después de varios incidentes que han causado polémica y falta de confianza. Un reporte de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) culpó a las Fuerzas Armadas de errores logísticos durante las votaciones primarias, mientras que el desarme selectivo de ciertos oficiales ha levantado dudas sobre la imparcialidad de la institución militar.
Frente a esta situación, el letrado y experto en derecho constitucional, Julio César Barrientos, ha propuesto una modificación a la constitución que retire a las Fuerzas Armadas de cualquier rol en las elecciones, sosteniendo que su intervención pone en riesgo la claridad y justicia del proceso.
Reporte del CNE y dudas sobre el papel de los militares en los comicios
El reporte de revisión del CNE destacó importantes fallas en el seguimiento del protocolo logístico por las Fuerzas Armadas durante las votaciones primarias. Se detectaron desvíos injustificados en las rutas, retenciones de vehículos de transporte electoral, entrega incompleta de equipos tecnológicos en áreas rurales y ausencia de comunicación entre los líderes militares y los coordinadores electorales. Estas anomalías causaron demoras en la apertura de las urnas y sembraron dudas sobre la transparencia del proceso. La ausencia de una respuesta clara por parte del alto mando militar y del gobierno frente a estas imputaciones ha aumentado la desconfianza.
Frente a esta circunstancia, los partidos opositores han demandado una revisión del acuerdo entre el CNE y las Fuerzas Armadas, así como la presencia de observadores internacionales y la implementación de auditorías externas al sistema de transmisión de resultados. En este marco, el abogado Barrientos ha descrito como «obsoleta, peligrosa y manipulable» la norma constitucional que asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de proteger las urnas, distribuir los materiales electorales y brindar apoyo logístico al CNE. Barrientos sostiene que la intervención militar en procesos cívicos compromete la neutralidad institucional y podría dar lugar a presiones políticas y fraudes.
Iniciativa de modificación constitucional y malestar en las fuerzas armadas
Barrientos sugiere un cambio en la constitución que asigne las responsabilidades electorales a una Oficina Técnica Electoral bajo el CNE, pero compuesta por personal civil, capacitado y con absoluta transparencia. Esta iniciativa intenta actualizar y proteger los comicios contra cualquier interferencia armada. La petición de Barrientos se une a un movimiento en aumento que demanda elecciones completamente civiles, sin intervención militar.
Sin embargo, la controversia no se limita a las fallas logísticas y la propuesta de reforma constitucional. La decisión del Estado Mayor Conjunto de desarmar selectivamente a varios oficiales de las Fuerzas Armadas ha generado preocupación en diversos sectores. Según fuentes militares y denuncias, el desarme no se estaría aplicando de manera general, sino exclusivamente a oficiales que han manifestado posiciones independientes o críticas hacia el oficialismo. Esta medida ha sido interpretada como un intento de purga silenciosa dentro del estamento militar, lo que ha generado tensión y descontento entre oficiales de mediano y alto rango.
El miedo primordial entre los líderes opositores es que, frente a una potencial derrota del partido en el poder en las elecciones, el gobierno intente utilizar a los militares para no reconocer los resultados o suprimir protestas. Estos incidentes han incrementado las inquietudes sobre el rumbo del gobierno y la posible influencia sobre las fuerzas armadas.