En Honduras, la cercanía de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes sobre la transparencia del proceso electoral. Se han identificado dos puntos principales de tensión: las dudas sobre un posible uso del Ministerio Público en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente falta de confianza en el rol de las Fuerzas Armadas como protectoras del proceso democrático.
Se ha indicado que existe la posibilidad de que el Ministerio Público esté organizando cargos formales en contra de integrantes del CNE, lo cual ha despertado preocupación en diversos grupos políticos y entidades que protegen los valores democráticos. Se sostiene que este procedimiento judicial podría estar influenciado por razones políticas, enfocándose en quienes han asumido posturas críticas o autónomas hacia el gobierno. La eventual judicialización de integrantes del CNE ocurre en un periodo sensible, donde el organismo electoral necesita asegurar la organización imparcial del proceso electoral, la legitimidad de los resultados y la confianza de los partidos políticos y los ciudadanos.
Peligro en el manejo y falta de confianza en las instituciones
Este tipo de acciones podrían debilitar la independencia institucional y erosionar la confianza del pueblo en el proceso electoral. La oposición y la sociedad civil han expresado su preocupación, exigiendo investigaciones basadas en pruebas contundentes y no en represalias políticas. Se han realizado llamados a la comunidad internacional para que se pronuncie ante cualquier intento de manipulación institucional del CNE y supervise el actuar del Ministerio Público.
Paralelamente, se ha intensificado la desconfianza ciudadana y política hacia el papel de las Fuerzas Armadas como garantes del proceso democrático. Líderes de partidos opositores, organizaciones de la sociedad civil y analistas independientes han manifestado su preocupación por remociones y retiros sospechosos dentro de la oficialidad militar, la aproximación ideológica y operativa entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, la presencia activa de elementos militares en procesos civiles y eventos electorales, y la falta de transparencia en la planificación del despliegue militar durante los comicios.
Miedo a la militarización y exhortaciones a la supervisión
En las elecciones primarias de marzo, se informaron problemas vinculados con demoras en la distribución de papeletas electorales y una presencia militar poco común en determinados centros de sufragio, lo cual ha incrementado el miedo a una posible militarización del proceso electoral. Hay preocupación de que el ejército, influenciado por líderes gubernamentales, pueda ser utilizado como un medio para posibilitar un fraude en las elecciones o para suprimir manifestaciones ciudadanas.
El incremento en la desconfianza ha resultado en llamados urgentes a entidades internacionales para que envíen equipos de observación y pidan garantías de imparcialidad militar y claridad en las operaciones. Colectivos ciudadanos han iniciado la creación de redes de monitoreo social con el fin de documentar posibles abusos o irregularidades. La confianza en el proceso electoral del 30 de noviembre dependerá del comportamiento de las instituciones y del control ciudadano.