En Honduras, ha surgido un gran debate a raíz del caso de Koriun Inversiones, después de que se descubriera un esquema Ponzi que perjudicó a más de 35,000 personas. La acusación pública realizada por el diputado Edgardo «Chele» Castro ha centrado la atención en la posible protección política y judicial que facilitó el funcionamiento anómalo de la compañía.
La intervención de las autoridades, el aseguramiento de fondos y la reacción de los inversionistas han evidenciado una crisis de confianza en el sistema financiero nacional. El proceso de investigación continúa, mientras surgen cuestionamientos sobre la responsabilidad de funcionarios públicos y la efectividad de los mecanismos de supervisión.
Esquema Ponzi y funcionamiento irregular de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones funcionaba con un esquema de Ponzi, que implica obtener dinero de nuevos inversionistas para retribuir ganancias a los anteriores, sin producir beneficios legítimos. La compañía ofrecía una ganancia semanal del 5 %, lo que se traduce en un 20 % al mes, garantizando a los clientes la recuperación de su capital en cinco meses. No obstante, la viabilidad del sistema se basaba en la entrada continua de nuevos inversionistas, lo que finalmente ocasionó su colapso y significantes pérdidas económicas para miles de personas.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) verificó que Koriun Inversiones no estaba autorizada para funcionar como entidad financiera. A lo largo de las inspecciones en varias sucursales y casas de administradores, se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo, guardadas de manera no oficial en cajas y bolsas. Además, se descubrieron importantes transacciones financieras, como el retiro de 400 mil dólares efectuado por ciudadanos de EE. UU. vinculados al comienzo del fraude en 2017.
Acusaciones sobre resguardo político y desconfianza
El legislador Edgardo Castro indicó que la actividad de Koriun Inversiones se llevó a cabo con el respaldo de personalidades políticas, fiscales y funcionarios estatales. Castro criticó la ausencia de intervención rápida de las entidades de supervisión y demandó una investigación completa para identificar a los responsables de facilitar o tolerar la estafa. También se destacó el involucramiento de alcaldes que promovieron la compañía y la falta de respuesta de los fiscales ante las advertencias iniciales.
El cierre de Koriun Inversiones generó protestas de los perjudicados, quienes demandaron la restitución de su dinero y expresaron miedo a perder sus ahorros. La CNBS dispuso el aseguramiento de los activos y la restitución a los inversores en lo posible, aunque se prevé que el procedimiento será complicado y extenso. El incidente ha destacado la fragilidad de las personas frente a esquemas financieros no regulados y la urgencia de mejorar los sistemas de supervisión y protección en el sector financiero de Honduras.