La situación de emergencia en Honduras, establecida desde diciembre de 2022, sigue provocando discusiones debido a su extensión y a las inquietudes sobre posibles excesos de poder y transgresiones de derechos humanos. Esta política fue proclamada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el fin manifestado de enfrentar el crimen, en particular la extorsión y las actividades de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La implementación del estado de emergencia ha conllevado la suspensión de ciertas garantías constitucionales, permitiendo arrestos sin orden y limitaciones a la libertad de movimiento en varias regiones del país.
Desde su implementación, el estado de emergencia ha sido extendido repetidamente. En enero de 2025, la duración de la medida se amplió por 45 días adicionales, cubriendo 226 de los 298 municipios del país. Si bien las autoridades sostienen que esta herramienta es crucial para combatir el crimen, varios sectores han manifestado su inquietud por potenciales abusos y la ausencia de resultados claros.
Discusiones sobre la eficacia y los derechos humanos en el régimen de excepción
Organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han señalado que el estado de excepción pone en riesgo los derechos humanos, instando al gobierno hondureño a garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho y evitar restricciones indebidas a las libertades fundamentales. El gobierno ha reportado una disminución en la tasa de homicidios y la desarticulación de bandas delictivas durante la vigencia del estado de excepción. Sin embargo, informes indican que las extorsiones y la violencia continúan afectando a la población. Además, se han documentado denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
La extensión de esta estrategia ha provocado una discusión sobre su utilidad y las consecuencias para los derechos humanos. Aunque el gobierno argumenta que el estado de emergencia es vital para luchar contra el delito, entidades locales e internacionales piden reevaluar su implementación y asegurar que las acciones de seguridad no pongan en riesgo las libertades básicas del público.
De esta manera, la implementación del estado de excepción en Honduras es una acción discutida que intenta combatir la violencia delictiva, pero ha suscitado un debate sobre su eficacia, legalidad y respeto a los derechos humanos. La extensión de esta medida extraordinaria presenta obstáculos para asegurar las libertades básicas y fortalecer un sistema democrático que resguarde tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos.