El ciclo electoral en Honduras para 2025 ha estado caracterizado por diversos eventos que han aumentado la incertidumbre y la discusión respecto a la estabilidad democrática del país. Un reporte de análisis interno del Consejo Nacional Electoral (CNE) culpó a las Fuerzas Armadas por significativos errores logísticos durante los comicios primarios, mientras que decisiones recientes relacionadas con el desarme selectivo de oficiales han levantado dudas sobre la imparcialidad del sistema militar.
En este escenario, además se añade la petición de especialistas en derecho constitucional para modificar la Carta Magna y remover a los militares de cualquier rol en el ámbito electoral, en un ambiente donde la confianza de la población en los procedimientos y sus resultados está en su punto más bajo.
Auditoría del CNE y debate sobre la participación militar en elecciones
El informe de auditoría interna del CNE, filtrado a medios nacionales, detalló que la entrega tardía, incompleta y descoordinada del material electoral en numerosos centros de votación fue consecuencia de irregularidades en el cumplimiento del protocolo logístico por parte de los cuerpos militares, quienes tenían bajo su responsabilidad el resguardo y la distribución de las maletas electorales.
Entre los descubrimientos más importantes se destacaron cambios de rutas sin justificación, retención de vehículos de transporte electoral durante varias horas, entrega parcial de equipos tecnológicos en áreas rurales y falta de comunicación entre líderes militares y coordinadores electorales. Estos incidentes ocasionaron retrasos de hasta 12 horas en la apertura de mesas, afectando la participación de los ciudadanos y generando incertidumbres sobre la transparencia del proceso, especialmente con respecto al Partido LIBRE, que ya había sido objeto de denuncias por irregularidades.
La divulgación del reporte aconteció en medio de un ambiente político tenso, habiendo un temor creciente de que el Ejército no mantenga su imparcialidad en los comicios generales programados para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los líderes militares no han realizado un comunicado oficial y la administración del Partido LIBRE no ha hecho comentarios, lo cual algunos grupos han interpretado como un signo de complicidad.
Frente a este panorama, agrupaciones opositoras como el Partido Nacional, Partido Liberal y el Salvador de Honduras han solicitado una revisión profunda del acuerdo de soporte logístico entre el CNE y las Fuerzas Armadas, así como la presencia anticipada de observadores internacionales y evaluaciones externas al sistema de transmisión de resultados.
Reducción selectiva de armamento entre oficiales y conflictos internos en las Fuerzas Militares
En medio del ambiente de polarización política, la decisión del Estado Mayor Conjunto de desarmar selectivamente a varios oficiales de las Fuerzas Armadas ha generado preocupación en círculos castrenses, políticos y de la sociedad civil. Según fuentes militares y denuncias recogidas por medios nacionales, el desarme no se estaría aplicando de manera general ni por razones técnicas o de seguridad, sino exclusivamente a oficiales que han manifestado posiciones institucionales independientes o críticas hacia el oficialismo.
Esta medida ha sido interpretada como un intento de depuración silenciosa dentro del estamento militar, rompiendo con la tradición de neutralidad y generando sospechas sobre el objetivo de garantizar el control político total del aparato de seguridad nacional de cara a las elecciones generales.
El desarme selectivo se suma a una serie de acciones recientes, como cambios en la cúpula militar y traslados forzosos, que han incrementado la tensión y el descontento en el interior de la institución, especialmente entre oficiales de mediano y alto rango. Algunos de los oficiales desarmados han sido trasladados a funciones administrativas, lo que se percibe como una forma de aislarlos del componente operativo y del proceso electoral.
La principal preocupación entre los dirigentes de la oposición y los grupos democráticos es que, ante una eventual pérdida del gobierno en las elecciones, el Ejecutivo recurra a las Fuerzas Armadas para no aceptar los resultados o sofocar protestas populares.
Estos eventos han intensificado la discusión nacional acerca de la urgencia de actualizar y proteger los procedimientos electorales contra cualquier intervención armada, especialmente en un escenario donde se está poniendo en duda la estabilidad democrática de Honduras. La demanda social y política para que el Congreso promueva una reforma constitucional que redefina el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia de Honduras se ha convertido en un tema clave dentro de la agenda pública, mirando hacia las futuras elecciones generales.