La confiabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras en su papel de protectores del sistema electoral ha sido centro de un vigoroso debate público desde las elecciones primarias realizadas el 9 de marzo de 2025. Varios grupos sociales y partidos opositores han expresado su inquietud por diversas fallas logísticas, especialmente en el reparto de los materiales electorales en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se registraron retrasos de hasta doce horas en la entrega de las urnas electorales. Esta situación provocó extensas filas de electores, manifestaciones del pueblo y un ambiente de frustración generalizada, reflejada tanto en las casillas de votación como en las redes sociales, donde se compartieron imágenes y relatos sobre la falta de insumos y poca presencia de personal en los lugares de votación.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió públicamente los problemas en la distribución, señalando que fueron causados por alteraciones de última hora en los medios de transporte, al cambiar de camiones a autobuses, lo cual impactó la organización y el cumplimiento del calendario. A pesar de los intentos del CNE por manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el malestar persistió, particularmente en la capital, donde al ampliar el horario de votación no se logró cumplir con las expectativas de los ciudadanos que esperaban ejercer su derecho al voto.
Dudas sobre la función de las fuerzas armadas en las elecciones
En este escenario, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la democracia y la transparencia en el proceso electoral, garantizando que seguirían el calendario establecido por el CNE. El Gobierno, por otro lado, ofreció su total apoyo a la institución militar, resaltando su función en la seguridad y la logística del evento electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, indicó que las Fuerzas Armadas no se hicieron responsables de los retrasos y denunció comportamientos de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta fricción institucional entre el CNE y las Fuerzas Armadas aumentó la inquietud sobre la imparcialidad y efectividad del proceso electoral programado para noviembre de 2025.
El marco legal hondureño, específicamente el artículo 272 de la Constitución, otorga a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de velar por la alternabilidad en el poder y la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales, en coordinación con el CNE. Sin embargo, existen prohibiciones claras para los miembros de las Fuerzas Armadas, como interferir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, inducir el voto, participar en actividades partidistas, o demorar sin justificación el traslado del material electoral. A pesar de estas restricciones, el diseño institucional vigente mantiene a los militares como actores tutelares de la democracia, una situación poco común a nivel internacional y que, según algunos análisis, refleja la fragilidad y baja calidad democrática del país.
Iniciativas de modificación y discusión sobre el rol de las fuerzas armadas
A raíz de los últimos eventos, se han incrementado las propuestas para reformar la constitución y así limitar o eliminar la función de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. Juan Carlos Barrientos, un abogado especializado en derecho constitucional, ha sugerido la necesidad de pasar las funciones electorales a manos civiles, sosteniendo que estos procesos deberían ser gestionados de manera exclusiva por dichas entidades. Igualmente, el legislador Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución, con el objetivo de reducir la participación militar en asuntos electorales y fortalecer las instituciones civiles. No obstante, esta propuesta ha suscitado opiniones divididas, incluso dentro de su propio partido y entre grupos opositores, quienes la ven como un posible intento de acumulación de poder por parte del gobierno.
La discusión acerca de la implicación militar en los comicios ha crecido debido a la percepción de que la independencia del CNE podría estar comprometida y por el pasado de intervenciones de las fuerzas armadas en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la reforma del artículo 272 debería incluir una redefinición más extensiva de las funciones de las Fuerzas Armadas, clarificando sus atribuciones y reforzando el control civil sobre esta institución castrense. Las sugerencias también abarcan el fortalecimiento del Ministerio de Defensa y la evaluación de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con la meta de avanzar hacia un manejo democrático sólido y disminuir la presencia militar en el ámbito político.
El debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las elecciones de Honduras sigue siendo un asunto fundamental en la agenda política, con demandas de reformas que aseguren la independencia y claridad del proceso electoral. La confianza en la honestidad del sistema electoral se considera esencial para la permanencia democrática del país y el diálogo actual destaca la necesidad de consolidar las instituciones civiles y asegurar comicios libres y transparentes.