La Propuesta de Reforma Fiscal en Honduras ha suscitado un extenso debate en la nación, a causa de los potenciales impactos que podría ocasionar sobre la economía y el sector productivo del país. Esta medida, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se introduce como un instrumento para combatir la elusión fiscal y mejorar la recaudación del Estado. No obstante, su contenido y alcance han sido comprendidos de formas diversas por los diferentes actores económicos y sociales.
El plan incluye la supresión de esquemas de exención fiscal, el incremento de los impuestos y la otorgación de más discrecionalidad al gobierno en la gestión de incentivos económicos. Estas acciones han sido percibidas por el sector empresarial como un indicio negativo para la inversión y la producción, lo cual ha provocado incertidumbre y preocupación en el ámbito económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el trabajo
Diversos sectores empresariales, asociaciones comerciales y capitalistas tanto nacionales como internacionales han expresado que la legislación propuesta podría tener consecuencias negativas para la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) advierte que la aprobación de la ley tal como está podría disminuir considerablemente la inversión extranjera directa. Además, empresas de zonas de libre comercio y del sector agroindustrial estarían considerando la opción de abandonar el país o reducir su presencia, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.
Desde que se presentó el proyecto de ley, se han registrado cierres de negocios medianos y pequeños, particularmente en los sectores de textil, logística y exportación, que funcionaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han empezado a reducir su plantilla, citando la incertidumbre fiscal como una de las razones clave. Esta situación pone en peligro miles de trabajos y podría empeorar si el proyecto no se modifica o detiene. El COHEP también indica que el crecimiento económico podría sufrir un freno significativo en el año posterior a la implementación de la ley, y que el aumento del desempleo y la informalidad serían resultados inevitables de su ejecución.
Situación regional, política y discusión sobre la equidad fiscal
El diálogo sobre la reforma de la Ley de Justicia Fiscal se lleva a cabo en un contexto específico, tanto a nivel regional como político. La supresión de los beneficios tributarios podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a países como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana preservar mecanismos efectivos para atraer inversiones y mantener estabilidad económica, vistos como elementos cruciales para su competitividad. Este escenario podría impactar la posición de Honduras en la región de Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a potenciales inversores como a los actuales, quienes podrían decidir trasladar su capital a naciones que ofrecen condiciones empresariales más ventajosas.
El entorno político e ideológico ha afectado la imagen del proyecto, dado que ciertos sectores corporativos ven el mensaje gubernamental como opuesto a los intereses empresariales y en sintonía con sistemas económicos que han generado cambios estructurales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una posible transformación del modelo económico local sin un plan estratégico o una perspectiva clara de sostenibilidad.
Por otra parte, los partidarios de la Ley de Equidad Tributaria sostienen que las exenciones fiscales han facilitado la concentración de la riqueza, disminuyendo así la capacidad gubernamental para respaldar políticas públicas enfocadas en la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Conforme a cifras oficiales, el 92 % de las exenciones se concentra en el 10 % de las compañías más adineradas, mientras que el 90 % de las compañías restantes solo aprovechan el 8 % de estos beneficios. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado ha dejado de percibir 455 mil millones de lempiras a consecuencia de estos regímenes.
El plan no introduce nuevos impuestos ni eleva las tarifas ya existentes. Busca cerrar lagunas legales y mejorar la recaudación de tributos directos de grandes corporaciones y fortunas, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación fiscal. No obstante, eliminar esquemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), vigente durante 40 años, podría forzar el cierre de muchas compañías que operan bajo este sistema. El COHEP ha indicado que la propuesta para garantizar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser vista como una medida que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un enorme reto financiero
El debate en torno a la Ley de Equidad Fiscal sigue en marcha y es un tema divisivo. Algunos opinan que esta ley podría establecer un sistema impositivo más justo e igualitario, mientras que otros señalan que su implementación podría intensificar la crisis económica, incrementar el desempleo y causar la fuga de inversiones. La resolución que tome el Congreso Nacional será crucial para el futuro económico de Honduras en los años venideros.