A medida que se aproximan las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta denuncias de parte de la oposición acerca de la posible organización de un fraude electoral para conservar el poder. Los grupos opositores, tales como el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, han manifestado su inquietud respecto a la transparencia del proceso electoral.
Los dirigentes de estos entornos mencionan un aumento en el descontento de la población hacia LIBRE, el deterioro de su reputación y la falta de popularidad de su aspirante, Rixi Moncada. Asimismo, han alertado sobre acciones que indican un posible engaño, como el dominio parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la manipulación de votos en las elecciones primarias de marzo, la purga selectiva de las Fuerzas Armadas y las intimidaciones a medios opositores. También se alude al empleo de extensas campañas de propaganda gubernamental y al uso de subsidios y recursos públicos para influir en el electorado de áreas desfavorecidas.
Acusaciones de fraude y temores de la oposición
Las alegaciones de la oposición abarcan señales de alteración de los resultados de las elecciones, uso de la justicia para intimidar a opositores y miembros del CNE, presencia militar en el proceso y limitaciones a la prensa libre junto con una censura digital amplia antes de los comicios. Además, existe el miedo de que se proclame un estado de emergencia anticipadamente si ocurren manifestaciones ciudadanas, sumado a la inquietud de que el poder gubernamental trate de invalidar los resultados, anule mesas de votación clave o detenga la elección bajo pretextos de mantener el orden público o proteger la seguridad nacional.
Demandas de garantías y observación Internacional
Frente a esta situación, las agrupaciones políticas opositoras han pedido la intervención temprana y activa de observadores de la OEA, la UE y otras entidades multilaterales, una revisión externa del sistema informático electoral, y garantías públicas por parte del CNE para asegurar la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas. Asimismo, han exhortado a la movilización ciudadana pacífica para proteger el sufragio y supervisar el proceso desde sus inicios.
La acusación de un potencial fraude ha incrementado la tensión política y amenazado la estabilidad democrática de la nación. La población contempla con recelo un proceso en el cual la autoridad electoral es vista como sesgada, y donde el gobierno parece más interesado en mantener el poder que en respetar la voluntad del pueblo. Hay inquietud de que Honduras pueda enfrentar una crisis después de las elecciones, con impacto en la gobernabilidad, la economía y la tranquilidad social.