A poco más de cuatro meses de los comicios generales programados para el 30 de noviembre, el partido gobernante en Honduras se enfrenta a una creciente pérdida de credibilidad pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que ha estado al mando desde 2022, ha sido acusado por la oposición política, entidades empresariales y grupos de la sociedad civil, quienes señalan supuestas tácticas para modificar el proceso electoral y mantenerse en el poder, mientras las encuestas reflejan una notable disminución en su apoyo.
Disminución en el respaldo electoral y falta de confianza
Recientes sondeos de organizaciones como Pro Encuestas y TResearch muestran que la campaña presidencial de Rixi Moncada ha ido disminuyendo de manera constante. Aunque comenzó liderando, Moncada ha sido desplazada en los resultados por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Los especialistas señalan que esta caída se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción en el gobierno, divisiones internas en el partido gobernante, mal desempeño económico y una percepción cada vez mayor de falta de transparencia en la administración pública. La disminución del apoyo popular ha ocurrido al mismo tiempo que un endurecimiento del lenguaje político por parte del Ejecutivo y con indicios de tensión institucional que han alertado a diversos sectores.
Dudas acerca del sistema electoral y supervisión institucional
Un punto principal de controversia es la negativa del gobierno a permitir la verificación manual de los votos, una práctica común en procesos anteriores que funciona como un mecanismo de control para complementar la digitalización de los resultados. La oposición y organizaciones independientes señalan que eliminar esta revisión podría facilitar irregularidades y dificultar auditorías tanto ciudadanas como internacionales.
Además, se han registrado medidas destinadas a complicar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), fundamental para garantizar la transparencia en el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han señalado presiones e intentos de obstrucción a sus labores.
Las entidades empresariales y los miembros de la oposición consideran estas acciones como un intento de asegurar el dominio institucional del sistema electoral, reducir la observancia externa y brindar al gobierno una mayor capacidad de acción frente a una posible derrota electoral.
Alegaciones de sesgos ideológicos y ambiente confrontativo
La organización de un encuentro del Foro de São Paulo en Tegucigalpa, con la asistencia de delegaciones provenientes de gobiernos progresistas del área, revivió la discusión sobre las relaciones exteriores del partido LIBRE. Críticos indicaron que estos lazos con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían intentarse implementar modelos de control político que fomentan la centralización del poder y limitan la participación democrática.
Al mismo tiempo, críticos como el exlíder del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Eduardo Facussé, han señalado la posible implementación de un “Plan Venezuela”, destinado a crear inestabilidad institucional, protestas provocadas y bloqueos administrativos que compliquen un cambio de gobierno.
Según estas denuncias, colectivos afines al oficialismo habrían protagonizado acciones disruptivas en espacios clave como el Congreso Nacional y el CNE, en una dinámica que podría contribuir a erosionar la credibilidad del proceso electoral e intensificar la polarización política en el país.
Panorama dudoso frente a una votación crucial
Con un escenario electoral cada vez más dividido y con el gobierno perdiendo apoyo popular, Honduras se dirige hacia unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, las tensiones dentro de las instituciones y las críticas a las normas democráticas.
Varias entidades de la sociedad civil, grupos empresariales y dirigentes políticos han subrayado la importancia de contar con una sólida supervisión internacional y con mecanismos de garantía que aseguren la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La situación actual revela no solamente la vulnerabilidad del acuerdo democrático en la nación, sino además el reto que supone dirigir la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desilusión ciudadana y falta de confianza en las instituciones gubernamentales.