El diputado Samuel Pérez Álvarez, perteneciente al movimiento político que surgió junto al presidente Bernardo Arévalo, enfrenta ahora una fuerte controversia tras un incidente ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) llevó recientemente ante los tribunales una solicitud para que se le suprima la inmunidad parlamentaria, al considerar que su actuación podría constituir graves faltas administrativas y penales.
Un hecho aparentemente trivial o un posible abuso de autoridad con efectos graves
El caso se originó cuando el legislador interceptó y rompió una carta que otro diputado el parlamentario Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su discurso con motivo del primer año de gobierno. La Fiscalía de Derechos Humanos ha calificado este acto de ruptura como una posible manifestación de abuso de autoridad y discriminación, delitos tipificados que justificarían que el Congreso autorice una investigación formal.
Pérez respondió con ironía ante la acusación, calificando la denuncia como un supuesto “hojicidio” y asegurando que nunca pretendió ofender, sino que se trató únicamente de un choque político. Además, desacreditó al denunciante al tildarlo de corrupto.
¿Por qué es importante que se retire la inmunidad?
En Guatemala, los diputados cuentan con inmunidad para preservar su independencia política, aunque esta protección deja de ser plena cuando surgen indicios de abuso de autoridad o actos de discriminación.
Si el Congreso aprobara la petición del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia autorizara el antejuicio, Pérez pasaría a estar sometido a un proceso penal formal que lo expondría a repercusiones legales, desde medidas administrativas hasta eventuales actuaciones ante tribunales ordinarios, donde podría enfrentar penas de prisión según la gravedad de los hechos que se le imputan.
En medio de tensiones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, la situación se desarrolla mientras avanzan varias solicitudes de retiro de inmunidad vinculadas a distintos casos, lo que ha alimentado un debate público sobre la legitimidad de estos procesos y sobre un posible sesgo político en las acciones judiciales que involucran a personas cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez no solo es un episodio aislado de mal comportamiento en el hemiciclo parlamentario, sino que ha escalado a un nivel legal que podría determinar su permanencia e influencia política en el país. Si se confirma el retiro de su inmunidad, el diputado enfrentará un procedimiento en el sistema de justicia ordinario con consecuencias aún por definirse.