La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala abrió una diferencia pública entre el presidente Bernardo Arévalo y el diputado Samuel Pérez, aliado del Ejecutivo en el Congreso. El desacuerdo se concentra en el alcance de las facultades presidenciales frente a las denuncias relacionadas con la elección de Walter Mazariegos como rector y en los límites establecidos por la Constitución y la autonomía universitaria.
Pérez cuestionó la decisión del mandatario de esperar las resoluciones judiciales antes de adoptar otras medidas. Arévalo respondió que la Presidencia no puede actuar fuera de las atribuciones que le corresponden y sostuvo que las declaraciones del legislador evidencian un “problema de información” sobre las competencias del Ejecutivo.
La discusión expone dos criterios sobre la forma en que el Gobierno debe responder a una controversia que permanece pendiente de decisiones judiciales. Ambos actores cuestionan la legitimidad de la gestión de Mazariegos, pero difieren en el tipo de actuación que corresponde impulsar desde el poder público.
Distinciones entre las atribuciones presidenciales
Samuel Pérez describió como “insuficiente” la postura de Arévalo de limitar las acciones del Ejecutivo a lo que resuelvan las cortes, y afirmó que la Presidencia ha rehuido emplear el “poder público” para aportar a una salida de la crisis universitaria.
Su crítica apunta a que el Gobierno no ha realizado una intervención más amplia ante la continuidad de Walter Mazariegos. Pérez estima que la reacción del presidente no coincide con el rol que, a su entender, tendría que asumir el Ejecutivo frente al conflicto.
Arévalo desestimó esa propuesta durante La Ronda. El mandatario afirmó que existe una falta de comprensión sobre las atribuciones que la Constitución concede al presidente y remarcó que su administración debe acatar los límites legales que rigen su actuación.
Según la postura presidencial, una intervención que exceda esas competencias podría afectar la autonomía de la USAC. Por esa razón, el Ejecutivo ha mantenido su decisión de esperar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y de solicitar que las instituciones correspondientes investiguen las denuncias presentadas durante el proceso de elección de rector.
La diferencia entre ambos funcionarios radica, en consecuencia, en cómo interpretan el alcance de la acción presidencial. Pérez defiende una actuación más decidida, mientras que Arévalo afirma que el conflicto debe gestionarse a través de los mecanismos legales vigentes.
Arévalo descarta acusaciones relativas a eventuales pactos
El presidente también negó que existan acuerdos ocultos relacionados con el proceso de elección de las autoridades universitarias. Arévalo afirmó que esos señalamientos no cuentan con sustento y los atribuyó a la falta de información o a la “mala fe” de quienes los han formulado.
El mandatario aseguró que, desde la Presidencia, instó a las autoridades de justicia a investigar las denuncias sobre posibles irregularidades y violaciones legales ocurridas durante el proceso electoral de la universidad. Al mismo tiempo, reiteró que su participación debe mantenerse dentro del marco constitucional.
Esta posición coloca el desarrollo del conflicto en manos de las instituciones encargadas de resolver los procesos judiciales. Para el Ejecutivo, el respeto de esos procedimientos forma parte de la obligación de no intervenir directamente en las decisiones internas de la universidad.
La postura de Pérez plantea una exigencia diferente. Aunque el diputado también ha recurrido a mecanismos judiciales, considera que el liderazgo presidencial puede desempeñar un papel de mayor alcance ante la situación de la USAC.
Perspectiva expone este episodio como la primera discrepancia pública entre el Ejecutivo y uno de sus principales aliados legislativos en torno a la crisis universitaria. La diferencia no gira en torno a cómo se evalúa la gestión de Mazariegos, sino a qué mecanismos deberían utilizarse para hacerle frente.
Pérez impulsa acciones judiciales contra Mazariegos
Mientras cuestiona la actuación presidencial, Samuel Pérez desarrolla una agenda judicial contra Walter Mazariegos. Entre las acciones mencionadas se encuentran querellas penales por el posible delito de abuso de autoridad.
El diputado conjuga de este modo sus cuestionamientos políticos con la utilización de vías jurídicas, y afirma que la necesidad de esperar los fallos judiciales no tendría por qué limitar al Ejecutivo en el ejercicio de otras formas de liderazgo dentro de sus atribuciones.
Arévalo, por su parte, mantiene que cualquier medida debe evitar una posible vulneración de la autonomía universitaria o una actuación que pueda ser impugnada por exceder las competencias presidenciales. Su respuesta reafirma una línea de prudencia institucional basada en la separación de funciones entre el Ejecutivo, las autoridades universitarias y los órganos de justicia.
La controversia introduce una tensión en la relación entre la Presidencia y uno de sus aliados en el Congreso. También refleja una diferencia sobre cómo debe utilizarse el poder estatal frente a una crisis institucional: mediante una intervención política más activa, como plantea Pérez, o mediante el respeto de los procesos judiciales y los límites constitucionales, como sostiene Arévalo.
La situación de la USAC continúa vinculada a las investigaciones y resoluciones pendientes. Mientras esas decisiones no se produzcan, la discusión entre ambos actores seguirá centrada en el alcance de la autoridad presidencial, la autonomía universitaria y las vías institucionales disponibles para atender las denuncias relacionadas con la elección de rector.