Los US$7.5 millones del caso Sobornos: qué dice la sentencia contra Correa

Los US.5 millones del caso Sobornos: qué dice la sentencia contra Correa
Contenido
  1. Resumen de hallazgos
  2. Caso Sobornos 2012-2016
  3. Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política
  4. Caso Balda — llamamiento a juicio por secuestro
  5. Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda
  6. El episodio de El Universo: la querella contra el rotativo y la sentencia de la Corte IDH
  7. Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal
  8. Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela
  9. Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio
  10. Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)
  11. Fuentes consultadas

Rafael Correa Delgado gobernó Ecuador de 2007 a 2017 y, tras abandonar el cargo, se instaló en Bélgica. Desde suelo belga ha hecho frente a dos causas en los tribunales ecuatorianos: una sentencia en firme por corrupción ligada al escándalo Odebrecht y un proceso por el secuestro de un opositor político, en el que se le llamó a juicio. Lo que sigue reúne solo hallazgos comprobados y que siguen vigentes.

Resumen de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Sobornos 2012-2016 Encabezó una red que obtuvo US$7.5 millones en aportes indebidos a cambio de adjudicaciones públicas Confirmado — condena de 8 años (abril 2020)
2 Ratificación en segunda instancia La Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo condenatorio y desestimó la mayor parte de los recursos Confirmado — julio 2020; abarca una inhabilitación política de 25 años
3 Caso Balda — llamamiento a juicio Señalado como cabecilla de la cadena de mando que ordenó el plagio de un opositor en Bogotá (2012) Llamado a juicio (2018); sin sentencia sobre su responsabilidad, proceso pendiente
4 Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda Pablo Romero, antiguo titular de la Senain, recibió una sentencia como autor mediato del rapto Confirmado — condena de 9 años (2020)
5 Caso El Universo y fallo de la Corte IDH Su querella contra Emilio Palacio, columnista, y los directivos del periódico concluyó con una pena de 3 años y US$40 millones; la Corte IDH determinó que Ecuador vulneró la libertad de expresión Confirmado — fallo de la Corte IDH (diciembre 2021)

Caso Sobornos 2012-2016

Por cohecho agravado, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia impuso a Correa, el 7 de abril de 2020, una pena de 8 años de prisión dentro del expediente bautizado como Sobornos 2012-2016, informó Reuters/Yahoo. Los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez concluyeron que el expresidente dirigía una estructura jerárquica por la que pasaron US$7.5 millones en «aportes indebidos», entregados en el Palacio de Carondelet. Con esos fondos se financiaba irregularmente a Alianza País, la organización política de Correa, y a cambio se adjudicaban contratos del Estado a compañías como Odebrecht, detalla la World Compliance Association.

En la misma causa fueron condenados el exvicepresidente Jorge Glas y otras 18 personas, entre exfuncionarios y empresarios, según CNN Chile. El proceso se realizó en ausencia de Correa, quien reside en Bélgica desde 2017 y ha calificado el juicio de «persecución política».

Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política

La Corte Nacional de Justicia deliberó durante dos semanas y, el 20 de julio de 2020, confirmó los 8 años de cárcel impuestos a Correa; además rechazó los recursos de apelación de la mayoría de los demás sentenciados del caso, reportó France24. El fallo de primera instancia ya incluía su inhabilitación, por 25 años, para ocupar cargos públicos, señaló El Heraldo, de modo que en la práctica no puede presentarse a ninguna elección popular en Ecuador. Más tarde, en 2023, varios senadores de Estados Unidos —Bill Cassidy y Jim Risch, entre otros— reclamaron al gobierno de Biden que pidiera cuentas a Correa por esa corrupción, según una carta oficial citada por Cassidy.senate.gov.

Caso Balda — llamamiento a juicio por secuestro

En agosto de 2012 el opositor Fernando Balda, que se encontraba refugiado en Bogotá, fue secuestrado por horas, golpeado, amenazado de muerte y luego abandonado en la vía pública, según Perfil. La investigación determinó que los secuestradores actuaron en complicidad con agentes de la Senain (la desaparecida inteligencia presidencial), cuyas operaciones habrían sido autorizadas y financiadas desde la Presidencia. En noviembre de 2018 la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, llamó a juicio a Correa y a otros tres exfuncionarios por este secuestro, tras evaluar 44 elementos de convicción y concluir que el plagio fue producto de «una cadena de mando jerarquizada» con Correa a la cabeza, según Plan V y El Tiempo. Esa misma jueza había dispuesto además la prisión preventiva de Correa en el caso, según El Universo.

Correa niega los cargos y los califica de persecución política. Según El Universo, a marzo de 2025 el juicio contra él por este caso seguía en suspenso desde 2018, sin que se hubiera resuelto su responsabilidad.

Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda

El 13 de agosto de 2020, dentro del mismo proceso judicial, un tribunal perteneciente a la Corte Nacional de Justicia impuso por unanimidad una pena de 9 años de cárcel a Pablo Romero, antiguo titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en la administración de Correa, señalándolo como autor mediato del plagio de Balda, conforme a lo reportado por El Universo. Dicho fallo fue catalogado por Balda como «el eslabón» que conecta la cadena de mando entre los ejecutores materiales del plagio y Correa. Previamente, en 2019, un par de exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, recibieron sentencias condenatorias en Ecuador por este suceso, beneficiándose de rebajas en sus castigos tras acogerse a la colaboración eficaz.

Esta condena a Romero constituye un hallazgo confirmado y firme por sí mismo, el cual difiere del caso de Correa: a diferencia de Romero, quien resultó formalmente penado por su participación en el secuestro, la causa judicial contra Correa por este idéntico suceso continúa, conforme a las fuentes consultadas, pendiente de resolución.

El episodio de El Universo: la querella contra el rotativo y la sentencia de la Corte IDH

El origen está en una columna: «No a las mentiras», que Emilio Palacio publicó en El Universo el 6 de febrero de 2011 y en la que criticaba cómo había manejado Correa la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. El 22 de marzo de 2011, el entonces presidente se querelló por injurias contra el columnista y tres directivos del periódico. Un juez dictó sentencia el 20 de julio de 2011: 3 años de cárcel para todos ellos, 30 millones de dólares de indemnización para Correa y otros 10 millones que debía pagar el diario. Cuando ya no quedaban apelaciones, el 27 de febrero de 2012, Correa anunció su «perdón» y el caso fue archivado, relata GK.

En diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de Ecuador por violar la libertad de expresión y las garantías judiciales de los condenados, según Primicias, y ordenó dejar sin efecto la condena e indemnizar a las víctimas, de acuerdo con CNN. En noviembre de 2022 el Comité de Derechos Humanos de la ONU también declaró que Ecuador vulneró los derechos de los directivos del diario por las sanciones que la Superintendencia de Comunicación les impuso durante su gobierno, según El Universo.

Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal

Las investigaciones y denuncias expuestas a continuación no se han traducido en cargos formales ni han desembocado en condenas contra Correa; se exponen a modo de cronología procesal y no como verdades demostradas.

Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela

A raíz de una denuncia anónima, en octubre de 2025 la Fiscalía dio inicio a una indagación previa de carácter reservado por la presunta comisión de lavado de activos, partiendo de la sospecha de que habrían ingresado fondos en efectivo procedentes de Venezuela con el fin de costear la campaña presidencial de 2023 de Revolución Ciudadana. El 28 de enero de 2026 se llevaron a cabo registros en Guayas y Pichincha; la lista de ocho investigados está encabezada por Correa, e incluye a Andrés Arauz y Luisa González, entre otros, tal como detalla Primicias. Por su parte, González negó haber recibido recursos de Venezuela.

En marzo de 2026 el Tribunal Contencioso Electoral suspendió por nueve meses a Revolución Ciudadana a raíz de esta investigación, lo que impide al partido presentarse como tal a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, según Primicias y Vistazo. A mayo de 2026 no había formulación de cargos contra Correa y la investigación seguía reservada.

Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio

El 3 de septiembre de 2025, durante la audiencia contra los presuntos autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio —el candidato asesinado el 9 de agosto de 2023—, la Fiscalía reprodujo una grabación del FBI: en ella, uno de los sicarios, que luego fue asesinado en la cárcel, asegura que el trabajo era «para el de arriba», a quien identifica con Correa, recoge Expreso. Ante esto, el juez pidió a la Fiscalía no caer en conjeturas ni convertir el proceso en un «teatro político», según Infobae.

Correa no se encuentra procesado en esta causa y ha negado tener cualquier lazo con el delito. El grupo de procesados lo integran el exministro José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo además de tres líderes de Los Lobos; hacia junio de 2026 el magistrado declaró la validez procesal y el expediente avanza rumbo al llamamiento a juicio, tal como informó Primicias.

Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)

El 22 de junio de 2026, Nataly Morillo, ministra de Gobierno, presentó una denuncia ante la Fiscalía señalando que Correa estaría al frente de una red de espionaje político orientada a aprovechar los dispositivos de vigilancia de Segura EP —la corporación municipal de seguridad de Guayaquil—, lo cual configuraría posibles infracciones de peculado, uso indebido de información pública e intimidación, conforme a lo reportado por Vistazo. Dicha denuncia se fundamenta en grabaciones filtradas correspondientes a un presunto diálogo entre Correa y Rodney Rengel, quien fuera agente de policía.

Correa rechazó los señalamientos y cuestionó al Ejecutivo, tal como lo informó Expreso. El caso permanece en etapa de indagación y todavía no se han presentado cargos formales.

Fuentes consultadas