La decisión del Gobierno español de conceder cinco indultos parciales ha provocado malestar dentro del PSOE, especialmente porque tres de los beneficiarios habían sido condenados por delitos relacionados con la corrupción. Las medidas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el mismo día en que el Ejecutivo anunció la creación de una Agencia de Integridad Pública y presentó un anteproyecto de ley sobre integridad pública.
Entre los beneficiarios figuran la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs; el exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández; y el gestor cultural Natalio Grueso. Dirigentes socialistas consultados por The Objective cuestionaron el momento elegido para anunciar las medidas y consideraron que la decisión puede resultar difícil de justificar ante la ciudadanía, especialmente en un contexto marcado por investigaciones y condenas relacionadas con corrupción.
Uno de los asuntos que más polémica ha suscitado es el caso de Borràs. A la antigua dirigente catalana, sobre la que recayó una condena por trocear contratos mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas, se le atenuará la pena privativa de libertad, pasando de cuatro años y medio a dos. Siguen en pie la sanción económica y los 13 años de inhabilitación. El Gobierno central esgrimió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había juzgado desmedida la condena de cárcel.
La resolución generó asimismo recelos en el seno del propio PSOE. El jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, puso en duda de manera abierta la aprobación de gracias penitenciarias por delitos vinculados a la corrupción, argumentando que dicha determinación es capaz de erosionar la reputación de la formación en una coyuntura de alta sensibilidad. Igualmente, descartó que deban aplicarse distinciones en función de la militancia política de los individuos sentenciados.
Otros líderes socialistas consultados por el medio estiman que la medida de gracia a Borràs tal vez guarde relación con el empeño del Gobierno en conservar los respaldos parlamentarios de Junts. Dicha lectura surge en plena coyuntura de complicaciones para que el Ejecutivo conserve un bloque sólido, justo después de que la antigua máxima autoridad de la Cámara catalana quedara excluida de los beneficios de la ley de amnistía.
El segundo caso relacionado con un antiguo cargo del PSOE es el de Juan Fernández, exalcalde de Linares. Su condena de tres años de prisión fue reducida a dos, mientras que se mantiene su inhabilitación durante siete años. La solicitud recibió informes favorables del tribunal sentenciador, respaldo de los grupos municipales del PSOE y del PP, apoyo del Ayuntamiento y de una asociación vecinal.
Natalio Grueso, quien antes dirigiera la Fundación Centro Niemeyer de Avilés, fue beneficiado asimismo con una gracia parcial. El Ejecutivo optó por condonar la privación de libertad contemplada dentro de una sentencia que abarcaba ocho años presidiarios, ocho años de inhabilitación y una sanción económica. Dicha providencia, pedida por actores del ámbito audiovisual, se fundamentó en motivos humanitarios vinculados a su situación médica.
Grueso había sido condenado por irregularidades relacionadas con su gestión de la institución cultural, entre ellas facturas consideradas injustificadas por la Justicia. Tras la sentencia permaneció fuera de España durante más de dos años y fue localizado y detenido en Portugal en diciembre del año anterior.
Los otros dos indultos autorizados por el Consejo de Ministros atañen a ciudadanos penados por delitos contra la salud pública. En tales supuestos, las sanciones de privación de libertad disminuyeron hasta los dos años, contando además con los dictámenes benévolos de la Fiscalía y los órganos judiciales encargados de dictar sentencia.
La coincidencia temporal entre estas medidas de gracia y el anuncio de nuevas iniciativas contra la corrupción ha generado un debate dentro del socialismo español. Mientras el Gobierno defiende sus decisiones, sectores críticos del PSOE cuestionan que la concesión de estos indultos pueda enviar un mensaje contradictorio respecto a los compromisos de regeneración democrática e integridad pública.
Fuente: The Objective — The Objective