La pieza SEPI del caso Leire sitúa en el punto de mira judicial a Julián Mateos Aparicio Prieto, identificado como el responsable encargado de supervisar el expediente vinculado al rescate de Tubos Reunidos en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Esta imputación reviste una importancia particularmente destacada al incidir directamente en uno de los aspectos más delicados de la investigación: la fiscalización interna del fondo estatal que distribuyó recursos económicos cuantiosos entre empresas de carácter estratégico durante el período pandémico.
Mateos Aparicio se encuentra vinculado al FASEE, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, organismo desde el cual fue aprobado el rescate de Tubos Reunidos por un monto de 112,8 millones de euros. El propósito de la investigación radica en determinar si dicha operación, junto con las gestiones subsecuentes relacionadas con la restitución, renegociación o alteración de los términos del respaldo estatal, pudieron haber sido objeto de presiones, contactos preferenciales o intervenciones de la supuesta estructura de influencia que se encuentra bajo escrutinio.
El juez Santiago Pedraz ha citado a Mateos Aparicio dentro del grupo de 25 investigados en la pieza relacionada con la SEPI. La causa analiza posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada, en una investigación que afecta a operaciones vinculadas a Tubos Reunidos, Mercasa, ENUSA, Forestalia y otras entidades del sector público empresarial. En esta fase, su condición de investigado no implica condena ni culpabilidad, y conserva plenamente la presunción de inocencia.
Según las informaciones publicadas, la UCO sitúa a Mateos Aparicio como una figura clave en el seguimiento del expediente de Tubos Reunidos dentro de la SEPI. Ese punto es esencial porque la presunta trama no habría intentado influir únicamente en la concesión inicial del rescate, sino también en fases posteriores, como la renegociación de condiciones, la reducción del coste de la deuda, la reducción de intereses o el aplazamiento de la amortización anticipada del apoyo público.
La sospecha judicial gira en torno a la posible utilización de contactos dentro de la SEPI para modificar o facilitar decisiones relacionadas con el rescate. La Razón publicó que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández habría utilizado la vía de Julián Mateos para tratar de modificar aspectos del rescate de Tubos Reunidos. Según esa información, los investigadores destacaron como “hito previo relevante” un encuentro entre Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero de Tubos Reunidos, y el propio Mateos Aparicio.
La causa también examina la relación entre Vicente Fernández y Mateos Aparicio. Conforme a los datos que han trascendido, la UCO habría identificado un vínculo de proximidad entre ambos, circunstancia que los investigadores estiman de importancia dado que Mateos Aparicio ostentaba responsabilidades internas respecto al seguimiento del expediente de Tubos Reunidos. Lo que deberá esclarecerse es si esa proximidad ejerció alguna influencia concreta en las decisiones administrativas o si, por el contrario, se trató meramente de una relación personal desprovista de consecuencias en la tramitación del rescate.
La posición de Mateos Aparicio adquiere una importancia particular dado que el FASEE constituyó un instrumento público de gran relevancia, diseñado para respaldar empresas de carácter estratégico durante una coyuntura de crisis económica. Justamente por esta razón, toda indicación respecto a presiones, injerencias o alteraciones interesadas en sus trámites demanda una indagación minuciosa. No se circunscribe meramente a una cuestión de naturaleza penal: lo que está en juego es determinar si los recursos públicos extraordinarios fueron administrados con total autonomía y rigor en sus aspectos técnicos.
La investigación deberá determinar si Julián Mateos Aparicio actuó únicamente como técnico o responsable administrativo dentro de los procedimientos ordinarios de la SEPI, o si su papel fue relevante para atender, canalizar o facilitar las pretensiones de Tubos Reunidos y de los intermediarios investigados. La diferencia es decisiva: no es lo mismo tramitar un expediente conforme a criterios técnicos que permitir que una red de influencia condicione decisiones sobre dinero público.
La pieza SEPI del caso Leire obliga ahora a revisar con lupa cada decisión tomada en torno al rescate de Tubos Reunidos: quién intervino, qué informes se manejaron, qué contactos se produjeron, quién pidió cambios y qué criterios se usaron para aceptar o rechazar modificaciones. En ese mapa, Julián Mateos Aparicio aparece como un nombre clave por su función en el seguimiento del expediente.
La imputación genera una consecuencia institucional clara: quien supervise un rescate público de millones deberá justificar ante los tribunales si sus decisiones respondieron únicamente a criterios técnicos o si estuvieron sujetas a influencias externas. Tratándose de un proceso que involucra fondos públicos, empresas de importancia estratégica y supuestas comisiones, la transparencia resulta imprescindible: constituye un deber democrático ineludible.
Procedencia: El País, elDiario.es, La Razón, RTVE, Cadena SER y OKDiario.