El general de división Roosevelt Hernández, quien es el líder del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un acalorado debate dentro del ámbito político y social del país. Designado en diciembre de 2023, su administración y comentarios han generado fuertes cuestionamientos que lo asocian con un posible sesgo político de la institución militar y una preocupación por la autonomía de los poderes del Estado.
Un miembro de las fuerzas armadas con extensa carrera y educación
Nacido en Choluteca en 1968, Roosevelt Hernández es hijo de una familia con una extensa tradición en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su carrera se ha caracterizado por una sólida formación en ciencias militares y administración de empresas, lo que lo ha colocado como uno de los militares de mayor rango en el país. Desde su nombramiento como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha tenido un rol destacado en las decisiones estratégicas dentro de las Fuerzas Armadas.
Comentarios y respuestas en el corazón de la polémica
Uno de los momentos más polémicos de su carrera se dio en una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando afirmó que las Fuerzas Armadas «son instrumento del poder político». Esta declaración desató una serie de críticas y acusaciones en su contra, principalmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que establece que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». Según diversos sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta afirmación refleja un alineamiento peligroso de los militares con el poder ejecutivo, socavando la imparcialidad que se espera de las instituciones armadas en un sistema democrático.
Conflictos con organizaciones e instituciones mediáticas
El general Hernández no ha evitado enfrentamientos abiertos. En marzo de 2025, tuvo un conflicto con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, a quien acusó de manchar la reputación de los militares, lo que llevó a una pausa en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Del mismo modo, su postura frente a los medios de comunicación también ha sido objeto de controversia, ya que, en junio de 2025, fue señalado por intimidar a periodistas y promover denuncias judiciales por difamación contra los medios que informaban sobre su gestión. La reacción del general ante las críticas ha intensificado los cuestionamientos sobre la libertad de prensa en el país, un tema especialmente sensible en un contexto donde la independencia de los medios es crucial para el fortalecimiento de la democracia.
Opiniones y respuestas de la comunidad
Las acciones llevadas a cabo por Hernández han causado una creciente inquietud en varios sectores de la sociedad hondureña. Activistas de derechos humanos y líderes políticos de la oposición han demandado su remoción, acusándolo de estar involucrado en un proyecto de «subordinación política» de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo. En particular, se ha cuestionado su asistencia a reuniones del CNE, una entidad que debe permanecer ajena a influencias militares, y su supuesta participación en demoras en la distribución de materiales electorales durante las primarias de 2025. Según sus críticos, estas acciones erosionan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la credibilidad del proceso electoral.
División y obstáculos para las Fuerzas Armadas
Aunque enfrenta críticas y demandas de destitución, Hernández permanece en su puesto, argumentando que las Fuerzas Armadas operan conforme a la ley y están preparadas para desafiar a sus detractores en el ámbito judicial. No obstante, su continuidad en la dirección de la institución destaca una creciente división en el país en torno al rol de los militares en el ámbito político.
Algunos lo consideran un protector de la institución y el orden, mientras que otros interpretan su conducta como una señal de la creciente politización de las Fuerzas Armadas. Esta tensión destaca los desafíos institucionales que enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como subordinadas al poder político, sino como un pilar esencial de la estabilidad del país.