La candidatura presidencial de Rixi Moncada, por el partido LIBRE, ha generado un debate nacional tras anunciar que, de resultar electa, eliminará la Central de Información Crediticia a partir del 27 de enero de 2026. La medida implicaría que millones de hondureños dejarían de figurar en el registro crediticio, permitiendo la concesión de préstamos sin mecanismos de control tradicionales.
La Central de Riesgo como herramienta técnica
Los expertos en finanzas destacan que la Central de Riesgo desempeña una función técnica esencial dentro del sistema financiero nacional. Más que ser una «lista negra», actúa como un instrumento para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes de crédito, proteger los ahorros de los ciudadanos y garantizar que las instituciones bancarias concedan préstamos de manera responsable.
José Luis Moncada, quien fue presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, alertó sobre que suprimir la central conllevaría una liberalización excesiva del crédito. De acuerdo con Moncada, esta medida podría aumentar los niveles de morosidad y comprometer la estabilidad del sistema financiero, poniendo en peligro los fondos de los ciudadanos.
Asimismo, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) indicó que eliminar la Central de Riesgo podría afectar la creación de empleos, obstaculizar el crecimiento económico y disminuir la confianza de los inversores, creando un ambiente de incertidumbre para el sector financiero.
Impacto político y social
Más allá del análisis técnico, expertos han señalado que la propuesta de Rixi Moncada tiene dimensiones políticas que podrían incidir en la economía. La iniciativa de suprimir la Central de Información Crediticia podría interpretarse como un intento de politizar un sistema que tradicionalmente se ha manejado de manera técnica y regulada, según advierten los especialistas.
La preocupación sobre la seguridad de los ahorros de los ciudadanos en Honduras y la estabilidad del crédito surge ante la posibilidad de que el sistema financiero se utilice con objetivos políticos. Los expertos subrayan que medidas de esta índole pueden impactar a muchas familias, restringiendo su acceso al financiamiento y alterando las condiciones económicas del país.
Un panorama de duda
La propuesta de Rixi Moncada, aspirante del partido LIBRE, sugiere un entorno de tensión tanto institucional como económica en Honduras. El debate se enfoca en la manera de armonizar el acceso al crédito mientras se mantiene la estabilidad del sistema financiero y se asegura la protección de los recursos de los ciudadanos.
Ante este panorama, la ciudadanía y los sectores económicos enfrentan la interrogante sobre la capacidad del país para gestionar cambios profundos en sus mecanismos financieros, sin comprometer la confianza de los inversionistas ni la seguridad económica de los hogares.
El actual panorama destaca la unión entre las decisiones gubernamentales y la normativa económica, resaltando los desafíos de la gestión pública y las instituciones en un marco donde las acciones de los representantes políticos impactan directamente en la situación económica de los ciudadanos.